Joan Ramón Laporta 07-02.2022
La intervención que tuvo lugar ayer en la Comisión de
Investigación sobre la gestión de las vacunas en el Congreso de los Diputados
por parte del Catedrático y experto en Farmacovigilancia Joan Ramón Laporta ha
suscitado gran interés entre nuestros lectores. Es por este motivo por el que
hemos querido solicitar al experto su intervención escrita para que puedan
acceder a ella.
«Señorías, Agradezco a esta Comisión su invitación a comparecer para comentar aspectos relativos a la campaña de vacunación contra la covid-19 en España.
En primer lugar, me presentaré. Inicié la FV (Farmaco
Vigilancia) en España y el SEFV (El SEFV-H está
integrado por 17 centros autonómicos de farmacovigilancia y la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios) en
los años ochenta, fui director del centro coordinador del SEFV y miembro
de la CNFV (ConsejoNacional de Farmaco Vigilancia) hasta la creación de la
AEMPS en 1999, y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo
de esta institución (durante un tiempo miembro de su consejo asesor). Fui
presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la OMS en 2004. He
publicado más de 250 trabajos originales de investigación en farmacología
clínica, farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y dirigí el Centro
Colaborador de la OMS en FE hasta 2017. En la actualidad soy también experto
externo de la EMA, en materia de farmacovigilancia y formo parte del Comité
Científico del GIS EPI-PHARE de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta
Autoridad de Salud de Francia.
No tengo conflictos de intereses relacionados con la
industria farmacéutica o de productos sanitarios.
Se me ha convocado a opinar sobre “problemas y
dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación,
y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la
Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores
actualizaciones”.
He podido escuchar gran parte de las comparecencias
ante esta Comisión, y he pensado que puedo aportar comentarios sobre tres
cuestiones:
·
la farmacovigilancia de las vacunas y el
papel de las agencias reguladoras (la AEMPS en España y la EMA en la UE),
·
algunos aspectos de la campaña de
vacunación y
·
derechos de propiedad intelectual sobre
las vacunas.
Primero. Farmacovigilancia, AEMPS y EMA
En materia de farmacovigilancia, los comparecientes en
esta Comisión representantes de la AEMPS han descrito los complejos
procedimientos y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer
frente a la epidemia de SARS-CoV-2: reuniones, coordinación entre diferentes
organismos de la administración, con otros estados miembros de la UE y la EMA,
y con las CCAA. Procedimientos, pero escasos resultados, se si exceptúan los
relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada.
Análogamente, los Informes de Farmacovigilancia de la
AEMPS (el último, el 12º, publicado el 26 de enero de 2022, informan de más de
55.000 notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De
estas, 375 tuvieron desenlace mortal, y más de 11.000 fueron calificadas como graves,
(cito) “entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o
prolongue la hospitalización, dé lugar a una discapacidad significativa o
persistente, o a una malformación congénita, ponga en peligro la vida o resulte
mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente
significativa” (fin de la cita).
La publicación de estos datos puede ser vista como un
ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de detalles son
difícilmente interpretables.
Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba
iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, y de que se citan 872
efectos adversos en menores de 20 años, el Informe no comenta los casos en este
grupo de edad, precisamente el que cioncita mayores incertidumbres sobre la
conveniencia de la vacunación.
La transparenciano consiste solamente en subir
informes técnicos a la web (que también), sino en iluminar, en ayudar a dirigir
la mirada y ayudar a comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para
que proliferen la desconfianza y las suspicacias. Quién sabe si por una
intención de esconder la información en una montaña de datos, o quizá porque se
entiende (equivocadamente) que esta Comisión no es el foro para debatir
cuestiones técnicas, este tipo de datos no ha sido presentado ante Sus
Señorías, de modo que la propia Comisión no ha tenido la oportunidad de
preguntar sobre el uso que se hace de ellos.
Señorías, les quiero comentar algunas cuestiones
técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser
útiles. Doce consideraciones.
1.
Las primeras vacunas disponibles contra la
covid-19 en España, y las más utilizadas hasta el día de hoy, han sido
Comirnaty de Pfizer (54M dosis hasta el pasado 9 de enero) y Spikevax de
Moderna (14 M dosis). Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así
como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que
estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un
ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que
fabrique una proteína del virus (la spike protein), que a su vez
estimulará el sistema inmunitario. Conviene recordar que el DRAE define una
vacuna como (cito) “preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, provoca
en él una respuesta de defensa”. Según esta definición, las llamadas vacunas de
Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una
tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora, y menos en campañas masivas.
De ahí que la vacunación masiva supuso un gran experimento global,
sin precedentes en la historia.
·
Los resultados de los primeros EC sobre
las vacunas de Pfizer y de Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron
valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían convincentes,
y el mundo comenzó a respirar (nunca mejor dicho) con la perspectiva de las
vacunas, y a suspirar por ellas. Pero debíamos ser conscientes de que
entrábamos en un experimento preventivo vacunal global, por su extensión y por
la nueva tecnología que entrañaba.
·
Un EC da información preliminar,
que debe ser comprobada en la práctica (esto es la FE). Por ejemplo, en el EC
sobre la vacuna Pfizer-BNT, de más de 43.000 participantes solo cinco fueron
mayores de 85 años, y solo un 4% mayores de 74 años. Sin embargo, como todos
sabemos, la vacunación comenzó en los mayores de 80 años; la primera persona
vacunada en España tenía 96 años.
·
Los EC de medicamentos y vacunas son
diseñados, realizados e interpretados por la compañía promotora. El control de
calidad de los datos recogidos también corre a cuenta del promotor, y el
control de la gestión de datos por las administraciones públicas se basa en
inspecciones, que son ocasionales. Recientemente el BMJ describió
irregularidades en el ensayo de Pfizer, conocidas como PfizerGate. El fraude es
habitual, a menudo en la catalogación y archivo de los acontecimientos
adversos. También se comete fraude en los EC sobre vacunas.
·
Estoy autorizado a contarles un ejemplo.
El equipo RxISK, se autodescribe como un grupo “de expertos médicos de alto
nivel de reputación internacional en la detección precoz de efectos adversos de
medicamentos y en la mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de
pacientes”. Fue constituido en 2012 y dirigido por el Profesor David Healy, de
la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con RxISK, decía, hemos
entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes
en ensayos clínicos (uno en Pfizer adultos, uno en Pfizer pediatría y uno en el
de adultos de AZ), que han padecido efectos adversos graves e incapacitantes, y
que han sido literalmente “desaparecidos”, de los informes de estos ensayos.
Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos
adversos graves en los EC; por el contrario, comenzamos a tener constancia de
que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos se
harán públicos dentro de unas semanas en la web de RxISK.
·
En las publicaciones de los EC se ofrecen
solo datos muy generales, y de forma agrupada. Además del fraude, también es
habitual la presentación tendenciosa de los resultados de los
EC.
·
Tendenciosidad que
consiste por ejemplo en expresar la eficacia
en términos relativos, y no absolutos. Por ejemplo, en el ensayo de Pfizer, se
registraron 162 casos de covid-19 en el grupo placebo, comparado con 8 en el
grupo vacunado, una diferencia de 95% en términos relativos. No obstante, la
realidad fue que la incidencia de PCR positiva (ni tan solo enfermedad clínica)
había sido de menos de 1% en el grupo placebo, comparado con 0,04% en el grupo
vacunado, una diferencia de menos de 0,9% en términos absolutos.
·
O consistente en ocultar
determinados resultados en el artículo
publicado. Por ejemplo, en los EC con la vacuna Pfizer se registraron 14
muertes en el grupo placebo, y 15 en el grupo vacunado. En el de Moderna se
registró el mismo número de muertes (14) en cada grupo. (No Señorías, los EC no
han demostrado que las vacunas salven vidas). El número de fallecimientos
registrados en cada grupo no fue ni tan solo mencionado en sendos artículos
publicados en el NEJM, y solo se podía encontrar después de revisar decenas de
páginas del material suplementario.
·
No dispongo del tiempo necesario para
aburrirles extendiéndome en otros detalles. Pero les aseguro que los resultados
de los EC promovidos por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más
bien como indicios, y de ningún modo como “evidencias”. Según el DRAE,
es “evidente” lo que es “cierto, claro, patente y sin la menor duda”. Triste
ironía, que expertos y dirigentes de instituciones sanitarias sigan insistiendo
en evidencias ante una enfermedad nueva y por tanto poco conocida, imprevisible
en su evolución epidémica y en las secuelas que va a dejar. Las llamadas
evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro, y, sí,
muchas patentes.
·
En cualquier caso, los resultados
obtenidos en cualquier EC deben ser revisados con detalle por expertos en la
materia, lo que requiere tiempo, sin duda, pero también transparencia.
o
Pfizer, por ejemplo, anunció que haría
pública la totalidad de los resultados de su EC principal sobre la vacuna en
2025. Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. El pasado mes de enero, a
petición de varias organizaciones civiles por la transparencia, un juez federal
de EEUU obligó a la FDA y Pfizer a hacer públicos estos resultados en un lapso
de meses, en lugar de los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado
con la FDA.
·
Además, los resultados de los EC deben
ser confirmados por la práctica, y esto requiere un muy cuidadoso
seguimiento epidemiológico del experimento global de la vacunación contra la
covid-19. De ahí la necesidad de la farmacovigilancia.
·
A pesar de los resultados aparentemente
optimistas de los EC sobre las vacunas contra la covid-19, había en enero de
2021 por lo menos cinco áreas de incertidumbre:
·
Duración. Disminución de 20-30% de la eficacia relativa en
6 meses. En lugar de tomar nota de esta insuficiencia de las vacunas, los
fabricantes acogieron esta noticia con subidas de su cotización en bolsa: si el
producto es ineficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible durante toda
la vida, el sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el colesterol o la
osteoporosis, o de crecepelos. La realidad es que necesitamos mejores
vacunas, en términos de eficacia protectora.
·
Variantes. La eficacia de las vacunas frente a la cepa
Delta fue inferior a su eficacia frente a la cepa Alfa. La experiencia reciente
ha mostrado que las vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron.
·
Por ejemplo, los datos oficiales
reproducidos por el Prof. Luis Carlos Silva relativos a Cataluña muestran que
entre el 23/12 y el 12/01/22, se registraron 37.200 diagnósticos de covid-19
por PCR en personas vacunadas, y 30.350 en no vacunadas.
·
¿Evitan la transmisión o
contagio? Está claro que las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad,
de modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica, y
además puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una
falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían.
·
Efectos adversos.
·
Ejemplo trombosis. Respuesta deplorable de
EMA. Señal a finales de enero. PRAC se reúne ea principios de marzo. Rueda de
Prensa 31 de marzo: los responsables de FV afirmaron que no disponían ni tan
siquiera de cifras de vacunación por edad y sexo en los estados miembros.
Además, se insistía en baja incidencia, sin distinguir la real de la
notificada. Infranotificación: Cataluña 1/1 a 18/4 2021: 53 notificados vs 540
en bases de datos sanitarias. No más con AZ que con Pfizer o Moderna.
·
Miocarditis y pericarditis. Al igual que
con las trombosis, las estimaciones de incidencia han ido subiendo. Problemas
cardíacos en atletas, jugadores de futbol y espectadores vacunados.
·
Acceso a escala global. D Fernando Lamata.
·
Por otra parte, el seguimiento de la
seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la
farmacovigilancia en la Unión Europea. La EMA ha reaccionado tarde y de manera
paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido
surgiendo y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los estados
miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos.
Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el
sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento
global emprendido.
1.
No se trata (solamente) de un incidente o
de la ineptitud de algún funcionario. La EMA, financiada en más de un 80% con
las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas, está concebida para
autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para
interactuar con los sistemas sanitarios de los estados miembros.
1.
La pandemia ha hecho evidente que la
legislación europea sobre farmacovigilancia, basada en la notificación
voluntaria y en planes de gestión de riesgos desarrollados por las propias
compañías fabricantes, está más concebida para proteger a estas últimas que
para proteger a los ciudadanos.
1.
En este contexto, quisiera comentar
también el escaso uso que se ha hecho de las bases de datos sanitarias en España,
para hacer un seguimiento de la vacunación y de sus efectos beneficiosos e
indeseados en el contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo una
oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de la falta de
voluntad del sistema nacional de salud para ser un verdadero productor de
conocimiento, y no un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad
comercial, un comprador ignorante de tecnología, que a menudo paga humo a
precio de oro. La pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un
enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios
epidemiológicos, canalizado por la EMA de manera no democrática, incluso
colonialista, en connivencia con centros universitarios “adictos”.
Segundo. Campaña de vacunación
Residencias. La epidemia incidió especialmente en residencias
de personas mayores, sobre todo al principio. La mortalidad fue 57 veces más
alta en las residencias. Presumimos de sistema sanitario, pero dejamos a los
más vulnerables en manos de la iniciativa privada. ¿Cuáles son los factores de
riesgo de morir en una residencia? Sin duda la edad y la pluripatología, pero
también la mala atención y la polimedicación innecesaria.
Una amplia variedad de fármacos, que ya eran de
consumo generalizado antes de la epidemia, incrementan el riesgo de neumonía y
la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de
esperar que también incrementaran la mortalidad por Covid-19.
Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos
neurolépticos (antipsicóticos) duplican o incluso cuadruplican el riesgo de
neumonía. En Cataluña unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de
manera continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no autorizadas.
Al inicio de la pandemia consumían neurolépticos 22.000 de las 64.000 personas
que vivían en residencias.
Muchos otros fármacos que tienen efecto depresor del
sistema nervioso central también incrementan sensiblemente el riesgo de
neumonía: analgésicos opioides como tramadol o fentanilo, hipnóticos, sedantes
(también llamados ansiolíticos como loracepam, Orfida), antidepresivos como el
Prozac, fármacos con efecto anticolinérgico, gabapentina y pregabalina
(Lyrica). Los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol y similares)
también incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía.
Un 75 por ciento de los mayores de 70 años consume
como mínimo uno de estos fármacos.
El 8 de abril de 2020 envié un informe sobre esta
cuestión a la AEMPS. La respuesta fue más o menos “Gracias, pero ¿qué podemos
hacer?” La misma Agencia que tiene la función legal de delimitar las
indicaciones de cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir
sus reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de FV:
procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a los resultados y en
desconexión del sistema sanitario.
En los últimos meses se han publicado numerosos
estudios que confirman las previsiones que hice al inicio de la pandemia. En
particular, un estudio sobre la totalidad de la población de Escocia, en el que
se compararon algo más de 4.000 casos de Covid-19 grave (ingreso en UCI o
muerte) con 36.738 de Covid-19 leve, concluyó que un 38% de
los casos graves (ingreso en UCI) o mortales de Covid-19 hasta junio de 2020
serían atribuibles a la exposición a estos fármacos.
Lo más preocupante de esta cuestión es que numerosos
estudios han mostrado de manera repetida que como mínimo un 40% de las personas
expuestas a estos fármacos, los reciben sin justificación clínica alguna. Para
algunos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de 80%.
Enfermar o morir per haber tomado un
fármaco innecesario es una cruel ironía.
El sistema sanitario tiene una responsabilidad
evidente en esta cuestión. Este parlamento aprobó hace unos años la
desgravación de los ingresos en especies recibidos para “formación” por los
profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria
farmacéutica, que es el principal suministrador directo o indirecto de
formación continuada en España. Me pregunto, Señorías, ¿qué empresa convencional
aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del
principal proveedor de materias primas?
Varios estudios y análisis comparativos han mostrado
que España es el miembro de la UE más permisivo en materia de conflictos de intereses
y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías
farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos.
En este sentido, me ha extrañado que ninguno de los
comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más
mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades
médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de
trabajo. Y me ha llamado la atención que ustedes no preguntaran por los CI.
Estrategias de vacunación. La tan manida expresión relación
beneficio/riesgo favorable no tiene ningún significado concreto, si no se
definen los grupos de población para los que se propone un fármaco o vacuna. La
epidemia no afecta del mismo modo a todos los grupos de edad, y la vacuna no
tiene los mismos efectos adversos en todas las edades. En consecuencia, la
magnitud del efecto beneficioso y también la de los riesgos varía con la edad.
Existe consenso sobre el efecto protector sobre la comunidad de las 1as y 2as
dosis, pero no sobre 3as y 4as. Falta de estudios, necesidad de examinnar los
resultados en tiempo real para resolver las principales incertidumbres.
No comentaré las medidas de efectividad retórica, como
el uso de mascarillas al aire libre, o el pasaporte Covid). Ni tampoco las
indemnizaciones por EI.
A PARTIR DE AQUÍ NO DIO TIEMPO DE PRESENTARLO.
Tercero. Derechos de propiedad intelectual
Fernando Lamata el 29 de noviembre de 2021.
Como dicen Hawksbee, el profesor de salud pública
Martin McKee y el profesor de economía Lawrence King en un artículo
recientemente publicado en BMJ, la mayoría de los expertos concuerdan en que se
debe poder vacunar al máximo número posible de personas con la mayor rapidez
posible. Muchos debates se han centrado en los derechos de propiedad
intelectual: ¿deben las compañías que desarrollaron vacunas contra la covid-19
ser obligadas a poner a disposición sus conocimientos para que otros puedan
producir estas vacunas? ¿O bien una exención de los derechos de propiedad intelectual
u otras reformas del sistema actual de propiedad intelectual amenazan la futura
innovación?
El debate adquirió grandes proporciones cuando el
Presidente Biden manifestó su apoyo a una exención temporal de los derechos de
propiedad intelectual sobre las vacunas contra la covid-19. Esta propuesta ha
sido aprobada por el Senado de EEUU, y se han adherido a ella la OMS, MSF e
incluso el Papa. A pesar de ello, meses después algunos países europeos siguen
oponiéndose obstinadamente a tal exención en el seno de la OMC. Más de una
docena de entidades de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía
Internacional, y de pacientes se han dirigido a los gobiernos de Canadá, Reino
Unido, Alemania y Noruega para advertirles que emprenderían acciones legales contra
ellos si obstruyen la adopción de la propuesta de exención.
Mientras tanto, el mecanismo COVAX parece haber sido
diseñado para preservar los actuales mecanismos de mercado y de dinámicas de
poder.
Los argumentos contrarios a reformar el sistema de
propiedad intelectual son que estos son necesarios para compensar los riesgos
financieros en que incurre una compañía cuando invierte en la investigación y
el desarrollo necesarios para desarrollar nuevos productos. En el caso de las
vacunas contra la covid-19, la magnitud de este riesgo es discutible, porque
los gobiernos aportaron una parte sustancial de la financiación en I + D y
adquirieron grandes cantidades de vacunas por adelantado. ¿Por ejemplo, merecen
estos gobiernos un retorno de su inversión en forma de precios más bajos o de
mayor acceso a las vacunas de los pobres en todo el mundo con el fin de
aumentar la inmunidad global? ¿O bien la exención de los derechos de propiedad
intelectual constituye una forma de robo de estado que pueda poner en peligro investigación
futura vital para la salud pública?
Como era de esperar, la industria farmacéutica
mantiene que la exención reduciría los beneficios que incentivan el desarrollo
de nuevos fármacos. Sin embargo, la emergencia de nuevas variantes demuestra
los riesgos del statu quo: maximizar la vacunación no es solo una necesidad
moral, sino también un baluarte potencial contra la evolución de nuevas
variantes que podrían ser más contagiosas, ma´s virulentas, o podrían escapar
más fácilmente a la respuesta inmunitaria.
Además, la exención no amenazaría el futuro desarrollo
de fármacos, principalmente porque la relación entre beneficios e innovación es
tenue.
Los argumentos de la industria serían sólidos si
existieran pruebas de que serían incapaces de atraer a inversores para
financiar I + D. Pero este no parece ser el caso. Según los datos de Fortune
500, los beneficios 1954 netos de la industria farmacéutica fueron hasta 1999
de más del doble que los de la media de los demás sectores (banca, energía,
construcción, alimentación, automoción, militar, etc.). A partir de 2000 la
diferencia se disparó al triple. El retorno sobre el capital invertido es el
más alto de todos los sectores. Los beneficios netos llevan ya por definición
descontados los costes de I + D.
Se podrían justificar unos beneficios altos con el
argumento que las compañías farmacéuticas producen las innovaciones más
necesarias para mejorar y proteger la salud pública. Pero la idea de que la
industria se concentra en los fármacos más necesarios está lejos de la
realidad. Por una parte, solo un 2 a 3% de los nuevos medicamentos son avances
importantes, y entre un 9 y un 11% ofrecen solo alguna ventaja modesta sobre
productos anteriormente disponibles; el resto no aporta avances clínicos. Por
otra parte, hay grandes necesidades de investigación desatendidas por la
industria, como el paludismo, la tuberculosis multirresistente y la resistencia
a antibióticos.
Al mismo tiempo, el papel de la industria en el rápido
desarrollo de vacunas ha sido fundamental.
Sin embargo, la idea de que la sociedad solo puede
recoger los beneficios de la innovación médica si los monopolios de propiedad
intelectual producen beneficios astronómicos a la industria ya no es
sostenible. Los beneficios récord no han dado origen a investigación sobre
resistencias a antibióticos o enfermedades desatendidas, y nunca han
garantizado el acceso a los medicamentos esenciales de los pobres del mundo.
Tampoco hay ninguna razón para creer que la búsqueda de beneficios originará
los incentivos adecuados para salvaguardar la salud global en el futuro. Por el
contrario, es necesario reformar la estructura de incentivos sobre la que se
basan la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, con mayor liderazgo
del sector público, en la que las recompensas deben ser independientes del
tamaño del mercado originado.
Si alguna de Sus Señorías tiene interés en consultar
las fuentes de la información dada en esta comparecencia, no duden en contactar
conmigo, las tengo a su disposición.
Frase final patentes?, Conclusiones?, Incertidumbre. La necesidad de investigación. Más atención a los resultados que a los procedimientos. Se han puesto en evidencia las debilidades de la FV en la UE, y las de la EMA.»
https://diario16.com/diario16-publica-la-intervencion-escrita-del-catedratico-y-experto-en-farmacovigilancia-joan-ramon-laporte-en-la-comision-de-investigacion-de-las-vacunas/
